El Gobierno español anunció en noviembre que regulará por ley el derecho a la muerte digna de los enfermos terminales, esto es, que se puedan usar los medios necesarios para que estos pacientes terminen su vida sin dolor. De cumplirse el anuncio, fijado para marzo, el Ejecutivo seguirá los pasos de Andalucía, la única comunidad que ya tiene una norma en vigor y, por otro lado, confirma las intenciones de la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín, que hace pocos días declaraba en una entrevista con este periódico que se iban a regular los cuidados paliativos. La ley, ya estudiada, parecía congelada desde que salió Bernat Soria, uno de sus impulsores, del Ejecutivo. Otra cosa es la eutanasia, es decir, la petición de un paciente para terminar su vida ante una enfermedad irreversible. “Eso es una decisión personal”, se ha limitado a decir el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a preguntas de una periodista. El apoyo al uso de tratamientos que eviten el sufrimiento en el final de la vida recibe el apoyo casi unánime de los médicos. En una encuesta reciente, la práctica totalidad de responsables de colegios profesionales preguntados (97,3%) estaba de acuerdo en aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque acorten la vida del paciente.
El anuncio de esta ley ocurre cinco años después del caso Leganés, en que el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), encabezado por Luis Montes, se enfrentara a una acusación de 400 homicidios tras una denuncia anónima al practicar sedaciones terminales. El proceso, que reavivó el debate social sobre la indefensión de los médicos cuando pretenden aliviar los padecimientos de los enfermos al final de la vida, se archivó dos años después. (FUENTE: ELPAIS.COM)
